La resistencia al cambio de los países desarrollados en el G-20

Todas ellas han concluido reiterativamente con los mismos acuerdos sin que, hasta la fecha, escasamente hayan contribuido a cambiar el curso de la economía mundial. Los problemas financieros que determinaron la crisis económica del 2008, solamente se han resuelto en lo relativo a evitar la quiebra del sistema financiero de los países desarrollados, pero los problemas de estancamiento económico y aumento del desempleo continúan latentes incluso acentuándose.

La principal causa financiera que desencadenó la crisis del 2008 y lastra la recuperación económica global sigue sin acometerse. La crisis financiera global del 2008 tuvo su origen en la crisis del ciclo alcista de la economía mundial basado en el consumismo de las sociedades desarrolladas. La financiación insostenible de un ciclo consumista basado principalmente en la especulación inmobiliaria derivó en un apalancamiento financiero de consumidores y entidades financieras, que se acentuó por el pánico ante la crisis de los más importantes accionistas de muchos grupos bancarios que retiraron sus depósitos para ocultarlos en paraísos fiscales o cajas de seguridad, lo que impidió que las propias entidades bancarias pudieran hacer frente al vencimiento de sus obligaciones crediticias y hubo que recapitalizarlas con el dinero de los contribuyentes. De esta manera, el capital de los evasores tuvo que ser amortizado por la ciudadanía en los denominados planes de rescate.

No obstante, la banca occidental tras impedir su quiebra se encontró en medio de una situación de crisis de crecimiento económico debido a la persistencia del apalancamiento financiero de la ciudadanía occidental que impedía reactivar un nuevo ciclo consumista y, con ello, las empresas debían recortar sus pedidos.

Sin crecimiento económico la banca no puede hacer negocio, pues el préstamo a interés no es sino el adelanto de una parte del beneficio que el empresario debe reportar a la entidad financiera, y las empresas ante la caída de la demanda no pueden aumentar su producción y, con ello, carecen de la solvencia necesaria para endeudarse, y el financiero ante la imposibilidad de recuperar su capital deja de prestar.

La falta de crecimiento, contra lo que algunos afirman, no es debido a una falta de voluntad de los bancos a prestar, sino que es debido a la caída de la demanda efectiva de los consumidores, que impide garantizar la producción y con ello el crecimiento económico y la solvencia de las empresas.

En esta situación bancos y empresas sobreviven por la concentración de las mismas. En la medida que la producción se contrae, las empresas y entidades financieras tienden a agruparse para asegurar la solvencia de sus cuentas de resultados.

Sin embargo, y paradójicamente, existen en la economía mundial cantidades ingentes de capital acumulado durante el ciclo alcista anterior a la crisis del 2008, estimado en decenas de billones de dólares, un capital que se encuentra fuera del alcance de los Estados nacionales a buen refugio en paraísos fiscales y bajo la titularidad de un minoría privilegiada que no tiene ningún interés que su renta pudiera destinarse a aumentar la capacidad adquisitiva de las clases medias, sino que siguen pretendiendo aumentarla a través de la inversión. Pero, en una situación de estancamiento económico, las posibilidades de inversión en actividades productivas son muy reducidas, por ello, se orientan a acrecentar su renta especulando con las deudas soberanas.

Los Estados, particularmente los europeos, ante la falta de ingresos fiscales debido a la disminución del consumo, tienden a endeudarse para hacer frente a sus gastos corrientes, y muchos de los prestamistas no son sino aquellos que ocultaron el dinero anteriormente a la crisis del 2008, y operan desde fondos de inversión opacos o la banca en la sombra.

Los Estados de los países desarrollados han venido endeudándose en la creencia de que la crisis del 2008 era una crisis pasajera, y que la vuelta a la senda del crecimiento les reportaría los ingresos suficientes para pagar su deuda, pero tras siete años de crisis económica los intereses de la deuda siguen acrecentándose constituyendo la principal obligación de pago de los Estados, por encima de los gastos en los servicios sociales y del mantenimiento de las propias administraciones públicas, entrando en un círculo vicioso que, en una crisis prolongada, solamente es posible romperlo a nivel de Estados a través de una renegociación de las deudas soberanas y, en el caso de la UE, recuperando las competencias de los Estados cedidas a Bruselas, para que los mismos tengan la capacidad político-económica para tomar medidas adecuadas en sus naciones.

La solución global que debiera venir de la mano del G-20 pasaría por una reforma financiera global de profundo calado que, hasta ahora, ninguna de las cumbres de este foro ha tenido interés en promover por no disponer del consenso adecuado. Estas medidas pasarían por una regulación financiera internacional que permitiría a los Estados no solo conocer los capitales que sus nacionales tienen ocultos, sino que también se debiera articular una legislación internacional para que los Estados pudieran expropiarlos y destinarlos a pagar sus deudas e incrementar el poder adquisitivo de las clases medias para estimular el consumo. En definitiva se trataría de posibilitar los mecanismos internacionales que permitieran convertir la ingente renta inversión, destinada actualmente a la especulación con las deudas soberanas, en renta consumo para estimular la demanda efectiva y con ello volver a la senda del crecimiento económico.

Pero como se ha podido comprobar, las nueve cumbres del G-20 no han servido para dar pasos efectivos en esa dirección por la resistencia de los países desarrollados cuyos gobernantes responden inequívocamente a los intereses de los poseedores de capitales ocultos y también de los millonarios de sus países. Gobernantes, que apoyados por grandes corporaciones mediáticas bajo la financiación y patrocinio de las grandes fortunas, son elegidos por las clases medias que constituyen la mayoría social, pero que en su accionar político son títeres de las grandes fortunas financieras.

La manera de acabar con el poder de la oligarquía financiera internacional, que tiene el control financiero mundial, pasa por cambiar los actuales gobernantes de los países desarrollados ligados a la tradición neoliberal, por otros que tendrían en su programa político impulsar en el G-20 una reforma financiera internacional para acabar con los privilegios financieros internacionales que permiten burlar la acción de los Estados y que ahogan las aspiraciones de democracia social de las mayorías sociales en el mundo entero.

En ese empeño, contarían con la colaboración del Grupo BRICS quienes apuestan claramente por un cambio en el sistema financiero internacional, y que en la última cumbre del G-20 ya han manifestado su decepción por la parálisis a la que someten los países desarrollados a las reformas financieras internacionales que, en lo que afecta a ellos mismos, reclaman el cumplimiento de la reforma del Fondo Monetario Internacional (FMI). Un malestar que dejaron patente en un comunicado emitido al término de la reciente cumbre del G-20 en el que manifestaban: “el lento accionar de la reforma del FMI debilitó la legitimidad y la credibilidad de la entidad financiera global”. Señalando a EEUU como el país más resistente a introducir cambios en las participación de la cuotas en el FMI al oponerse al aumento de las mismas de los países emergentes.

No obstante, es evidente que los procesos de cambio no pueden esperar a que se llegue a un consenso en el G-20, sino que lo que debe producirse es un cambio en la correlación de fuerzas de la economía mundial favorable a los países emergentes para que pueda haber un cambio en la gobernanza económica mundial.

Frente a la resistencia al cambio de los grupos oligárquicos financieros internacionales de los países desarrollados, amparados principalmente por los gobernantes neoliberales del G-7; las fuerzas políticas que encarnan la renovación para construir un modelo de desarrollo económico mundial con integración social, la constituyen las naciones emergentes en desarrollo y las fuerzas políticas de los países desarrollados que aspiran a ese objetivo universal.