06/09/2016

NOTICIA. El Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadística (IBOPE), en un informe publicado el 05/09/2016, sitúa la aprobación ciudadana al gobierno del presidente brasileño, Michel Temer, entre el 8% y el 19% en las 27 capitales regionales de Brasil.

La prolongada lucha de clases en América Latina

Michel Temer tras ejercer desde el 12 de mayo como presidente interino por la destitución por el Senado de Dilma Rousseff, el pasado 31 de agosto fue proclamado por el Congreso como nuevo presidente de Brasil con 61 votos a favor y 20 en contra.

La coherencia democrática después del fallo de destitución de la presidenta le tenía que haber llevado al Congreso a someter su veredicto al sufragio de los electores quienes fueron los que otorgaron la presidencia a Dilma Rousseff, y en caso de ratificación proceder a la convocatoria de nuevas elecciones presidenciales, sin embargo, el Congreso de Brasil en una clara contradicción democrática se erigió por encima de la voluntad popular, siendo nombrado por primera vez en la etapa democrática de Brasil el presidente de la nación sin someterse al sufragio de los ciudadanos.

Hasta ahora ninguna instancia judicial competente se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de la decisión del Congreso de elegir un nuevo presidente en lugar de dar paso al voto popular, lo que induce a pensar que la propia judicatura está forzando la legalidad institucional en contra de los procedimientos democráticos.

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En el fondo de la cuestión, como en todas las confrontaciones políticas de importancia que han sucedido en los países latinoamericanos, existe una profunda lucha de clases entre los intereses de una oligarquía económica y política que ha detentado la propiedad de las riquezas en las diferentes naciones latinoamericanas, y el conjunto de clases populares que han venido subsistiendo en su mayoría en economías de autoconsumo en las zonas rurales y dentro del denominado sector informal en las urbanas.

El atraso latinoamericano, teniendo en cuenta el enorme recorrido histórico desde su independencia hace dos siglos, es fruto de una estructura de propiedad basada en familias oligárquicas que han antepuesto su beneficio y estatus social a la modernización de sus países. Las oligarquías han perpetuado su poder debido a que históricamente han dominado todos los resortes del Estado, policial, militar y judicial. Los intentos de cambios políticos, en unos casos por alzamientos populares, en otros por las urnas como fue el intento fallido en Chile en los años setenta por el presidente Salvador Allende, fueron ahogados con la represión.

La lucha de clases en Latinoamérica ha tenido su origen y dramatismo en la desigualdad social. En el periodo de férreas dictaduras tuvo su oposición en la sublevación armada. En los años sesenta y setenta varias naciones latinoamericanas siguiendo el ejemplo de la revolución cubana se alzaron en armas contra dictadores y regímenes corruptos. En Nicaragua, Colombia y El Salvador en guerrillas predominantemente rurales, y en Brasil, Argentina y Uruguay de tipo urbano. El contrapoder armado después de Cuba solamente llegaría al poder en Nicaragua con el derrocamiento por el Frente Sandinista de la dictadura somocista. Sin embargo, posteriormente sería Nicaragua quien marcaría la pauta de priorizar la democracia sobre el poder de las armas. El Frente Sandinista tras su llegada al poder en 1979 dio paso a una constitución democrática; en 1990 los sandinistas perdieron las elecciones, pero asumieron su derrota poniendo fin a la premisa de la izquierda revolucionaria “que el poder ganado con las armas debía ser mantenido de la misma manera”, cuestión que las fuerzas derechistas nunca lo habían hecho, pues cuando perdían las elecciones por gobiernos opuestos a sus intereses recurrían al Golpe de Estado militar.

La experiencia nicaragüense abriría la esperanza a la solución de otros conflictos armados como sucedió en El Salvador en los años noventa, y ahora está a punto de solucionarse en Colombia con el acuerdo del gobierno de Manuel Santos y las guerrillas de las FARC que pondrá fin a medio siglo de enfrentamientos armados. Desde los años noventa, el recurso al golpe militar y a la sublevación armada quedó relegado del escenario de la lucha de clases en Latinoamérica; la misma pasó a situarse en el escenario de la confrontación política democrática.

En la primera década del presente siglo, la concurrencia de tres importantes factores, contribuyeron al auge electoral de las fuerzas populares progresistas en la mayoría de los países latinoamericanos: 1. el fracaso de los gobiernos derechistas en los años noventa que no hicieron nada por redistribuir la riqueza; 2. el inicio de un ciclo económico alcista 3. la ciudadanía había superado el miedo a que un resultado electoral adverso a los poderes políticos tradicionales pudiera desembocar en un golpe de Estado militar, y 4. la apuesta de los partidos populares y soberanistas por los métodos democráticos para llevar a cabo los cambios políticos de nacionalización de los recursos naturales y la distribución de la riqueza.

Estos factores no solo contribuyeron al triunfo de las fuerzas progresistas sino que las consolidaron en el poder. Bolivia, con Evo Morales; Venezuela, con Hugo Chávez; Brasil, con Lula da Silva; Rafael Correa en Ecuador, y el retorno en nicaragua del Frente Sandinista al gobierno en el 2006 tras dieciséis años en la oposición, entre otros, marcaron una nueva etapa Latinoamericana que sería definida por el presidente ecuatoriano Rafael Correa: “no como una época de cambio, sino como un cambio de época”.

Sin embargo, la llegada al gobierno de las formaciones progresistas, en ningún momento ha significado que la lucha de clases haya terminado en los países latinoamericanos. Las oligarquías latinoamericanas impedidas para el golpe militar por el rechazo popular, han venido manteniéndose en la oposición política, pero su tradición de tomar el poder por medios ilícitos ha seguido presente, y en las naciones donde no han podido acceder al poder a través de la urnas lo han venido realizando a través de golpes institucionales blandos, como sucedió en Honduras en 2009 con la relegación del poder del presidente Manuel Zelaya, en Paraguay en 2012 con la destitución del presidente Fernando Lugo, y ahora, en Brasil, con la destitución de la presidenta Dilma Rousseff.

El éxito en la permanencia de los gobiernos progresistas en Latinoamérica ha estado muy ligado a la prosperidad económica, pues una vez que Estados como Bolivia, Venezuela, Ecuador, Brasil y Argentina tuvieron el control de los recursos naturales, sus ingresos permitían la redistribución de la riqueza, pero a pesar de las políticas económicas redistributivas, debido a la  ausencia de programas efectivos de los nuevos gobiernos orientados a la diversificación económica y al desarrollo científico técnico, la estructura económica de estos países no ha cambiado, siguiendo anclados en el viejo modelo económico sustentado principalmente en el comercio de materias primas.

En la segunda década del presente siglo, a estos errores de los gobiernos progresistas se han sumado los efectos negativos de la crisis financiera del 2008. La caída de los mercados y precios de las materias primas ha mermado los ingresos de los Estados y, con ello, las reservas dedicadas a los programas sociales también. Sectores de las clases populares han ido perdiendo confianza en los gobiernos progresistas y, esta debilidad en los apoyos sociales, está llevando a las viejas oligarquías a intentar revertir la situación política para volver a través de sus representantes políticos de nuevo al poder.

Las oligarquías latinoamericanas no tienen proyecto de país, su único interés es beneficiarse del comercio de los recursos naturales y seguir gobernando de espaldas a los intereses de la mayoría, manteniendo sus países como lo han venido haciendo durante décadas como meros suministradores de materias primas. Este proyecto es también el proyecto de EEUU y de las grandes empresas y grupos mediáticos de los países desarrollados que no ven con agrado el desarrollo económico independiente e inclusivo de Latinoamérica y quieren anclarlo de la mano de estas oligarquías apátridas al pasado para evitar la unión de las naciones latinoamericanas y para privatizar y controlar de nuevo los recursos naturales, entre los que destacan principalmente los de Venezuela, país que alberga la mayor reserva de petróleo del mundo.

Sin embargo, a pesar de que la vuelta al poder, como ha sucedido en Brasil, de los poderes fácticos oligárquicos suponga un paso atrás en el proceso de modernización e integración latinoamericana, su permanencia en el poder, por no representar los intereses populares, será efímera. Al final lo que debe contar y contará, serán los resultados prácticos del desarrollo como nación en beneficio de las clases populares.

La lucha de clases en Latinoamérica viene de un largo recorrido y aun le queda un largo trecho, hasta que ésta pase a ser historia cuando se alcance la prosperidad integral de las naciones que la componen. El gran avance histórico es que, con toda probabilidad, el camino ya no estará sembrado de dictaduras sangrientas por el rechazo popular a las mismas. Deberá ser con procedimientos democráticos como habrá que dirimir las diferencias.