10/10/2012

NOTICIA. El Rey de España inicia conversaciones privadas con empresarios catalanes para conocer de primera mano la paulatina escalada del discurso soberanista en Cataluña

España. Un nuevo pacto constitucional

Cada 11 de septiembre Cataluña celebra el día de la Diada o día de la nación catalana que recuerda que un día como ese de 1714 Barcelona cayó en manos de las tropas borbónicas al mando del duque de Berwick tras catorce meses de sitio durante la Guerra de Sucesión Española entre la dinastía de los Austrias y la de los borbones, con la consiguiente abolición de las instituciones catalanas tras la promulgación de los Decretos de Nueva Planta, en 1716.

El pasado 11 de septiembre los catalanes en una manifestación convocada en Barcelona por la asociación independentista, Assemblea Nacional Catalana (ANC), congregó a millón y medio de asistentes, según la policía urbana. La población total catalana es de siete millones y medio de habitantes en un territorio de 32.106 km² el (6,3%) del territorio español.

El presidente del gobierno autonómico catalán Artur Mas de la formación política nacionalista Convergència i Unió (CiU), tras la manifestación, y el fracaso en su negociación con el gobierno central español en sus demandas de autonomía fiscal, convocó elecciones anticipadas al gobierno autonómico de Cataluña, anunciando que si los catalanes respaldaban ampliamente al actual gobierno en su objetivos de creación de un Estado Catalán convocaría un referéndum de autodeterminación en Cataluña.

El gobierno español del Partido Popular ha deslegitimado esa propuesta por considerarla ilegal, pues según la constitución española Cataluña carece de competencia para convocar un referéndum de esas características, y la única soberanía recogida en la Constitución es la del conjunto del pueblo español.

Además el gobierno español se ha aprestado a reforzar los muros legales para impedir que el referéndum anunciado por Artur Mas se lleve a cabo. El día 9 el Congreso español rechazó con 276 votos en contra y 42 a favor una iniciativa catalana para transferir a Cataluña la competencia para convocar un referéndum de autodeterminación sin autorización estatal. El día 7 el gobierno español pidió a la Comisión Europea (CE) que la UE sea explicita en la demanda de la posible independencia de Cataluña de "conformidad con los tratados”, aunque la UE ya dio respuesta hace años a la posibilidad de la secesión de una región de un Estado miembro. La UE, en respuesta a una pregunta formulada por un eurodiputado británico en 2004, aclaró que "una región independiente nueva se convertiría, por el hecho de su independencia, en un país tercero respecto a la UE, y los tratados no se aplicarían desde el día de su independencia". Así, ese posible Estado, si quisiera formar parte de la UE, tendría que presentar una solicitud de adhesión que tendría que ser aceptada por unanimidad por el Consejo Europeo, que reúne precisamente a los jefes de Estado y de Gobierno de cada Estado miembro. o sea, cualquier país miembro de la UE, en este caso España, podría vetar el ingreso de un nuevo miembro.

El gobierno Español ni siquiera contempla ese escenario pues entiende que la UE no aceptará una hipotética secesión de Cataluña u otro territorio que no haya sido decidida por el conjunto del pueblo español, amparándose en el artículo 4.2 del Tratado de la UE, que puntualiza que sólo sería legal una secesión pactada, y que la actual Constitución española impide la independencia unilateral de una parte de la nación, porque la soberanía de España corresponde al conjunto del pueblo español.

Las demandas catalanas tienen su origen en la reivindicación de un estatus de autogobierno fiscal similar al que gozan constitucionalmente el País Vasco y Navarra, basado en los derechos forales históricos, derechos que paradójicamente quedaron garantizados en estos territorios en 1714 en la misma guerra de sucesión dinástica entre los Austrias y los Borbones que Cataluña los perdió por su apoyo a los Austrias, mientras que las provincias vascongadas y Navarra se beneficiaron de su apoyo a la dinastía de los Borbones. En el siglo XIX la defensa de estos derechos históricos en los territorios vasco-navarros fueron defendidos en varias guerras frente a los intentos liberales de poner fin a los mismos. Tras la guerra civil española con la victoria de la dictadura del General Franco, las Vascongadas perdieron este fuero por apoyar la causa de la Segunda República, mientras que Navarra debido al apoyo a la insurrección militar mantuvo el mismo. La constitución de 1978 devolvería este fuero a las provincias Vascongadas, mantendría el de Navarra, pero Cataluña aunque vio restablecida sus instituciones autonómicas no consiguió que se reparara plenamente el agravio histórico.

Para el gobierno español, el que Cataluña gozara de un estatus fiscal autónomo, no es viable desde el punto de vista de la sostenibilidad de los gastos del Estado Español, pues, debido a la importancia económica de Cataluña, sin la aportación catalana al Estado, sería imposible mantener los estándares de gasto del Estado en otras comunidades autónomas de España.

La crisis económica del 2008 ha venido a complicar este contencioso fiscal, pues Cataluña es una de las Comunidades Autónomas más endeudadas y el gobierno autonómico ha tenido que realizar dramáticos recortes en gastos sociales para ajustar sus cuentas. La percepción de la mayoría de la sociedad catalana es que si Cataluña no realizase aportaciones al Estado para financiar gastos fuera de Cataluña, el gobierno catalán tendría recursos suficientes para evitar los recortes en gastos sociales. La negativa del gobierno Español a negociar una autonomía fiscal para Cataluña ha abierto las puertas a un aumento en la ciudadanía catalana de la demanda de independencia de Cataluña de España.

Otra comunidad que sigue la estela catalana es la comunidad autónoma del País Vasco. Si bien, la misma goza de autonomía fiscal su tradición independentista es más fuerte que la catalana. El fin de la lucha armada de ETA ha permitido la incorporación a la contienda electoral a la corriente independista de izquierdas a la que hay que sumar el Partido Nacionalista Vasco (PNV) con una concepción gradualista en su objetivo de profundizar en el autogobierno vasco. En esta comunidad autónoma, la más avanzada tecnológicamente de España, también la crisis económica está reforzando el sentimiento soberanista ante el desplome económico de las regiones del Sur y Este de España.

La constitución de 1978, alumbrada en un pacto entre las fuerzas de la dictadura franquista y las fuerzas democráticas opositoras, tras cuarenta años de dictadura franquista, restauró la monarquía borbónica dándole a la misma la titularidad de la jefatura del Estado y su continuidad por vía hereditaria. La monarquía ha jugado un papel político de bajo perfil, a pesar de que el Rey constitucionalmente concentra grandes poderes, entre ellos el de Jefe de las fuerzas armadas. Las tendencias soberanistas catalana y vasca no se identifican con la monarquía pues la misma encarna la unidad a ultranza de España, y con el avance de las mismas el distanciamiento es progresivamente mayor, hasta el punto que la monarquía goza de escaso crédito político tanto en Cataluña como en el País Vasco.

La monarquía borbónica española ha ido viendo su ocaso desde el siglo XIX. En las primeras décadas de ese siglo, bajo Fernando VII, se independizaron los territorios americanos de la corona española, excepto Cuba que paso a manos de EEUU con Filipinas a final de ese siglo en el reinado de Alfonso XIII; bajo la dictadura franquista se independizó Marruecos y Guinea Ecuatorial y el Sahara Español pasó a manos de Marruecos, y ahora con Juan Carlos I, se corre el riesgo de que Cataluña y el País Vasco abandonen España. Con ello, la dinastía borbónica habría pasado de ser el imperio mundial donde “jamás se ponía el sol”, recordado el 12 octubre en España, a convertirse en meros reyes de Castilla y poco más. Cuestión que ningún Rey, solamente por el estigma histórico que supondría tal acontecimiento, puede admitir.

La persistencia, en la confrontación entre los partidos de ámbito español contra las demandas soberanistas vascas y catalanas, y la insistencia de los partidos nacionalistas vascos y catalanes a favor de las mismas acentúa las tendencias políticas centrifugas hacia el desmembramiento institucional del Estado. En esta confrontación, la ciudadanía del centro y sur de España se inclina por acabar con los sistemas autonómicos e imponer un Estado centralizado, los cual exacerba más los ánimos soberanistas en el País Vasco y Cataluña.

La constitución de 1978 tras 34 años de existencia está haciendo techo, pues la crisis institucional abierta en Cataluña y la crisis económica se retroalimentan mutuamente y en la medida que la crisis económica continúe la crisis institucional irá cobrando fuerza.

La única manera de reconducir la situación es alcanzar un nuevo pacto constitucional para una articulación del Estado español donde queden reflejadas las aspiraciones tanto de las nacionalidades y territorios históricos como del resto de comunidades de España. El mejor sistema sería que las nacionalidades históricas basaran su relación con el Estado en la figura del pacto entre partes revisable cada ciertos años, figura jurídica que en un contexto histórico diferente ya regía, por ejemplo, en la relación de Navarra con los soberanos españoles, de la cual solo ha quedado la figura del convenio económico en los asuntos fiscales.

No obstante, el temor a iniciar una reforma de la constitución española es muy grande pues los fantasmas de que tal reforma, en un contexto de crisis económica, pueda derivar en un proceso constituyente en el que pudieran aflorar otras cuestiones constitucionales como la necesidad de que el jefe del Estado deba ser electo y no hereditario, están presentes, y con ello, la posibilidad de desatar un proceso republicano también, temores que en el siglo XXI resultan anacrónicos pues la figura de un jefe del Estado Español electo uniría más a las comunidades españolas que la figura de un rey donde de facto no es reconocido ni en Cataluña ni en el País Vasco.

Los partidos opositores al gobierno del PP de ámbito Estatal, particularmente el PSOE e Izquierda Unida (IU) hasta ahora no están ofreciendo ninguna alternativa a esta crisis institucional, y este vacío también acentúa la deriva soberanista de Cataluña y el País Vasco. Sus posiciones políticas en este aspecto así como en lo relativo a las consecuencias sociales de la crisis económica no van más allá de la pura queja y lamento, pues aunque ha llegado el momento de liderar un nuevo proyecto constitucional ante la ciudadanía, temen que las propuestas alternativas "radicales" les alejase de una ciudadanía que no demanda, por si misma, cambios políticos constitucionales profundos. Esta forma oportunista de actuar en clave electoralista de estas formaciones políticas, haciendo dejación de su responsabilidad de liderar proyectos institucionales nuevos en tiempos de crisis, impide el surgimiento de iniciativas políticas desde el centro político para una nueva articulación del Estado que pudieran ser receptivas a las demandas vascas y catalanas, con ello, el deterioro institucional seguirá avanzado, a la vez que lo hace la crisis económica.