10/01/2016

NOTICIA. El 10/01/2016, el independista, Carles Puigdemont, con 70 votos a favor, 63 en contra y 2 abstenciones, fue investido presidente de la Generalitat de Cataluña.

La cuestión procedimental en la resolución de la crisis política española

El 10/01/2016, Carles Puigdemont, en su discurso de investidura como presidente de la Generalitat de Cataluña, se comprometió a aplicar la declaración independentista aprobada el pasado 9 de noviembre por Junts pel Sí y la CUP.* (ver anexo)

“Tenemos que empezar a caminar a la luz de la declaración del 9N para iniciar el proceso de constitución de un Estado independiente". “Ahora Cataluña se encuentra entre la postautonomía y la preindependencia”. “Se tomarán decisiones soberanas, aunque con voluntad permanente de diálogo y negociación con el Estado, la UE y la comunidad internacional”, para “la construcción colectiva del nuevo país, el diseño definitivo de las estructuras de Estado, la tramitación de las leyes del proceso constituyente y transitoriedad jurídica y la plena internacionalización del proceso de constitución de un eventual Estado catalán”.

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La crisis económica iniciada en el año 2008 introdujo a España en cuatro grandes crisis: 1. la financiera reflejada en la descapitalización de importantes entidades financieras como Bankia, que tuvo que ser rescatada con fondos europeos; 2. la quiebra del sector de la construcción, uno de los mayores pilares de la estructura económica española  basado en la segunda vivienda; 3. el aumento dramático del desempleo que ha llevado a una profunda fractura social donde millones de personas siguen sin poder encontrar empleo, y 4. la crisis institucional territorial que abierto la brecha entre el Estado Español y Cataluña. La crisis institucional también ha afectado al desgaste de los partidos tradicionales de ámbito estatal que habían venido gobernando España desde que se aprobó la actual constitución en 1978, el PP (derecha) y el PSOE (centroizquierda).

De las cuatro crisis mencionadas, el PP, ha solventado con éxito la primera de todas al sanear las finanzas españolas y, con ello, ha conseguido evitar una intervención de las cuentas españolas desde Bruselas. Si bien, el resto de crisis siguen vigentes. Los niveles de desempleo con escasas variaciones siguen siendo parecidos a los primeros años de la crisis; no se ha desarrollado ninguna iniciativa para reorientar la fallida estructura económica, basada en el ladrillo, hacia la promoción de nuevos sectores económicos, en su sustitución, la política económica se ha orientado al sector exportador estimulando la competitividad de los productos españoles en base a una constante disminución de los costes salariales y la precariedad en el empleo, ello ha conllevado una caída del poder adquisitivo y por lo tanto de la demanda interna. Por último, la crisis institucional se ha agravado con la deriva independentista de gran parte de la sociedad catalana y del sector empresarial, al entender que la forma de impulsar el desarrollo económico catalán pasa por tener los resortes institucionales que les permitan diseñar políticas fiscales y económicas propias. La negativa persistente del gobierno Español a las demandas del gobierno Catalán de cambiar el estatus competencial político-económico de esa comunidad ha devenido en una apuesta por la independencia como nación.

A esta crisis institucional se ha añadido la derivada de los resultados electorales del 20/12/2015*, en el que los dos partidos estatales que han estado al frente de la crisis económica desde el 2008, PSOE (2008-2011) y PP (2011-2015) han sufrido un serio revés electoral. El PP, porque ha sufrido el desgaste de ser el partido gobernante en una situación de crisis durante cuatro años de legislatura y por los casos de corrupción imputados a destacados militantes del mismo, y el PSOE, porque el anterior gobierno del PSOE traicionó con la aplicación de recortes en derechos sociales los fundamentos de su discurso socialdemócrata, que le ha llevado a perder la confianza del electorado de izquierdas, con lo que esté partido ha entrado en una fase de declive.

En la actualidad, las fuerzas que se autodenominan constitucionalistas por ser defensoras a ultranza de la constitución de 1978, ha llevado a que las fuerzas centrífugas de la ruptura institucional territorial hayan ganado fuerza. La falta de una alternativa para una refundación constitucional ha dejado políticamente huérfanas las demandas catalanas y vascas. Las fuerzas constitucionalistas, se han enrocado en una posición de intentar doblegar, hasta ahora sin éxito, a las fuerzas políticas catalanas independentistas.

“Podemos”, la nueva formación política que ha emergido con fuerza en las elecciones generales del 20/12/2015, es la que más acertadamente ha interpretado el momento histórico por el que pasa España, al demandar una reforma constitucional en los dos aspectos fundamentales de la crisis que afecta a España; el primero orientado a paliar la crisis social con modificaciones constitucionales que permitan un rescate ciudadano, y el segundo con una reforma constitucional que incluya el derecho a decidir de Cataluña a través de un referéndum para determinar su relación con el Estado español.

Las denominadas fuerzas constitucionalistas se oponen al otorgamiento a Cataluña del derecho a decidir. Sin embargo, Podemos con su propuesta ha conseguido tanto en la sociedad catalana como vasca desactivar en parte las demandas rupturistas del independentismo, pasando a ser la fuerza política más votada tanto en Cataluña como el País Vasco, que ven en el derecho a decidir la mejor manera de ir solventando históricamente su relación con el Estado español en un marco constitucional diferente.

Después de siete años, la crisis económica ha desatado fuerzas políticas que ya difícilmente son reversibles. El movimiento social por el rescate ciudadano ha fraguado en un movimiento político encarnado en Podemos.  En el aspecto territorial, la irrupción de Podemos ha contribuido a que exista un fuerza vertebradora del conjunto de las nacionalidades que conforman España, pues el PP y el PSOE han dejado de ser representativos en Cataluña y el País Vasco.

La solución a la crisis social e institucional territorial pasa inevitablemente por un nuevo pacto constitucional, sin embargo, el aspecto procedimental basado en un nuevo consenso de todas la fuerzas políticas españolas y de las nacionalidades históricas que reemplace el consenso constitucional de 1978 es la base para solucionar la actual crisis española.

El consenso de 1978 tardó varios años en gestarse, solamente cuando se demostró con masivas movilizaciones entre los años 1975 y 1977 que la reforma del franquismo no podía prosperar, fue cuando se dieron las condiciones políticas para que el mismo se fraguara. Ahora se abre un periodo de intensa lucha política y su desenlace vendrá cuando se demuestre, por el creciente auge de las fuerzas del cambio constitucional, la inviabilidad de la constitución de 1978 como marco para solucionar la actual crisis estructural política española.

Se ha iniciado un proceso que se adivina largo y que deberá culminar cuando todas las fuerzas políticas representativas de derecha e izquierda y de todas las nacionalidades entiendan que ha llegado el momento de alcanzar un nuevo consenso constitucional.

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* ANEXO:

El 27/09/2015, se celebraron elecciones anticipadas en Cataluña, en las que las candidaturas independentistas de ERC y CDC unidas en Junts pel Sí (JxSí) y la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) sumaron la mayoría absoluta en escaños, con 72 diputados en total, 62 JxSí y 10 CUP, con el 47,74% de los sufragios. Desde esa fecha Cataluña ha transitado por un periodo de incertidumbre política ante la imposibilidad de formar una mayoría absoluta en el parlamento catalán por la oposición de la CUP a aceptar al candidato a la presidencia propuesto por (JxSí), Artur Mas. El 09/01/2016, tras la decisión del candidato, Artur Mas, de retirar su nominación, la CUP y (JxSí)  alcanzaron un acuerdo para elegir el presidente del parlamento catalán, Carles Puigdemont, de la agrupación (JxSí).

En ese intervalo de tiempo los grupos nacionalistas tomaron una serie de decisiones para trazar la hoja de ruta hacia la independencia catalana. El 27/10/2016, JxSí y la CUP pactaron una resolución parlamentaria en la que se declara "solemnemente" el "inicio del proceso de creación del estado catalán independiente en forma de república", sin supeditarse a lo que pueda decidir un Tribunal Constitucional español "deslegitimado". El 09/11/2016, el Parlamento catalán aprueba una resolución para iniciar un proceso de independencia respecto a España.

El 20/12/2015 se celebran las elecciones generales  españolas; en el ámbito de Cataluña la candidatura en Comú Podem, formación política que aboga por un referéndum de autodeterminación en Cataluña en el marco de la legalidad española, obtiene la mayor representación con 12 de los 47 diputados en liza, seguido de ERC con 9; PSC 8; Democracia i Libertat, la nueva marca de CDC, 8, C’s 5, y PP 5.

En el ámbito del Estado español los resultados electorales conforman un congreso fragmentado sin que ningún partido político obtenga una mayoría suficiente para formar gobierno.

Los resultados son:

Elaboración propia.