01/10/2017

NOTICIA. Los servicios de salud de Cataluña informaron a última hora del domingo 01/10/2017, que 761 personas habían sido atendidas en hospitales con dos heridos graves, después de que la policía trató de impedir la realización del referéndum de autodeterminación.

La segunda transición española

El conflictivo 1 de octubre del 2017 del referéndum de autodeterminación convocado por el gobierno y el parlamento catalán en base a la pregunta: ¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?, terminó a las 20:20 horas después que la comisión electoral anunciará el cierre de las casillas de votación. La jornada se saldó con 761 votantes heridos por la represión de las fuerzas de seguridad del Estado español, de los cuales dos fueron de gravedad.

En su comparecencia ante los medios de comunicación el Gobierno Catalán a través de su Consejero de la Presidencia y Portavoz del Gobierno Jordi Turull i Negre, ofreció los datos del referéndum: "el ‘sí’ a la independencia ha ganado en el referéndum del domingo con un 90% de los 2.262.424 votos emitidos. El ‘no’ ha recogido 176.565 votos, un 7,8% ; 400 colegios de 770.000 votantes tuvieron que ser precintados por culpa de la violencia". El vicepresidente del Gobierno de Cataluña, Oriol Junqueras, expresaría que Cataluña “se ha ganado el derecho de ser una nueva república si así lo decide el Parlament”

Por su parte, el presidente del gobierno español Mariano Rajoy, afirmó que la votación del 1 de octubre había sido una farsa, y que el Estado español actuó según la ley al requisar urnas y papeletas de votación y ordenar a la policía del Estado que impidiese la votación. La represión policial tuvo numerosas críticas de políticos de la UE, aunque los líderes de la comisión europea guardaron un incompresible silencio.

El gobierno Español, crítico a la policía autonómica catalana (Mossos d'Esquadra) por no haber colaborado con las fuerzas policiales del Estado, y siguió atrincherándose en la defensa de la legalidad vigente, un argumento cargado de hipocresía, pues las fuerzas políticas mayoritarias de ámbito Estatal, el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) no han manifestado ningún interés en modificarla para adecuarla a la reivindicación catalana del derecho a decidir, cuando la misma es perfectamente modificable con el acuerdo de estos dos partidos mayoritarios en el parlamento español, como así lo hicieron en el año 2011, por exigencia de las autoridades de la UE, para cambiar el artículo 135 de la Constitución española en el plazo de una semana,​ estableciendo en el texto el concepto de estabilidad presupuestaria y que el pago de la deuda pública fuese lo primero a pagar frente a cualquier otro gasto del Estado en los presupuestos generales.

Al parecer para estos partidos, la legalidad constitucional vigente es sagrada cuando se trata de atender los reclamos de la mayoría del pueblo catalán, pero es rápidamente modificable cuando los reclamos los hace la Comisión Europea.

Tras el conflictivo 1 de octubre, el gobierno español trata de dar una imagen de normalidad a la opinión política internacional y a la población del Estado español, en la creencia de que pasado un tiempo la situación política en Cataluña volverá a ser la de antes del referéndum del 1  de octubre, sin ver o no querer ver que la determinación de las principales fuerzas políticas catalanas y el apoyo masivo de la ciudadanía a su derecho a decidir ha abierto un fractura irreversible en la constitución del 1978 surgida como resultado de la que se denominó la transición del régimen totalitario franquista a un régimen de partidos políticos, y de un estado centralista a una organización política autonómica.

Con el fin de ofrecer una perspectiva histórica del actual contencioso catalán, en el presente artículo se realiza una recapitulación de los conflictos históricos territoriales más relevantes de España.

Conflictos históricos más importantes entre el poder central español y las comunidades históricas de Navarra, Vascongadas y Cataluña

Los desencuentros entre el poder central español y las aspiraciones de autogobierno de las comunidades históricas de Navarra, Vascongadas y Cataluña, han sido una constante desde que los reyes de Castilla y Aragón a finales del siglo XV (conocidos como Los Reyes Católicos) decidieran unirse en un solo reino; bajo su reinado se puso fin a la presencia musulmana en la península ibérica tras la conquista del Reino de Granada (1492), año que por patrocinio de estos reyes se descubriría la primera ruta de Europa al continente que posteriormente se denominaría América, lo que le permitió al nuevo reino castellano-aragonés ampliar su área de influencia, la cual quedo formalmente establecida por el Tratado de Tordesillas (1494) que dividió las tierras conocidas de ultramar entre el reino de España y Portugal, dando inicio a la formación del imperio español que duraría hasta la independencia de las naciones americanas a lo largo del siglo XIX.

A principios del siglo XVI, con la llegada de la dinastía germánica de los Austrias a la corona española, su primer Rey, Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico, adoptaría el título de emperador; los dominios bajo su regencia abarcarían gran parte de Europa y las Américas excepto Brasil que siguió perteneciendo al Reino de Portugal de acuerdo a los estipulado en el Tratado de Tordesillas.

La casa de los Austrias gobernaría el imperio español durante casi dos siglos hasta principios del siglo XVIII. En ese periodo, en el ámbito de la península ibérica, tras varias guerras el Reino de Navarra se uniría a Castilla (1512-1521); Portugal formaría parte de España durante el periodo de 1580 a 1640, y entre 1640 y 1652 Cataluña permanecería desconexionada del poder de los Austrias.

En el año 1700, tras la muerte de Carlos II sin dejar descendencia, la dinastía de los Borbones regente en Francia bajo Luis XIV aspiró a regir también los destinos del imperio español con la imposición de su candidato Felipe V, lo que desencadenaría una guerra por la sucesión del trono entre la casa de los Austrias y los Borbones (1701 -1713).

La confrontación entre ambas dinastías se convertiría en una guerra europea y en el interior de España en una auténtica guerra civil entre la Corona de Aragón, partidaria de los Austrias, quienes habían ofrecido garantías de mantener el sistema "foral" en Aragón, y la Corona de Castilla, que había aceptado a Felipe V, cuya mentalidad era la de imponer un estado centralista comparable al modelo de Francia. Terminada la guerra, con la derrota de los Austrias, las leyes e instituciones propias de la Corona de Aragón fueron sustituidas por las "leyes de Castilla", en el Decreto de Nueva Planta de 1707 que puso fin a los reinos de Aragón y de Valencia; sólo las Provincias Vascongadas y Navarra mantuvieron sus leyes e instituciones forales al haberse mantenido fieles a la causa borbónica.

En el siglo XIX, la primera ola de las revoluciones liberales de 1830 llegaría a España. Tras la muerte del retrogrado Fernando VII, su hija Isabel sería nombrada heredera al trono de España apoyada por la clase política burguesa liberal partidaria de la desamortización de la tierra en poder de la Iglesia y nobles para que las mismas pudieran ser compradas y vendidas con arreglo a las leyes de mercado. El programa liberal conllevaría a su vez una centralización del Estado que implicaba la derogación de los derechos históricos forales que tenían Navarra y las Vascongadas como derecho histórico por su ayuda a la instauración de la dinastía borbónica en España en la guerra de sucesión de principios del siglo XVIII.

Esta pretensión del poder central liberal chocaría con los intereses de la clase política y propietaria de la tierra en Navarra y Vascongadas partidaria de mantener su estatus foral, teniendo sus reivindicaciones el apoyo de Carlos María Isidro de Borbón, hermano del fallecido Fernando VII, quien a su vez representaba la continuación del régimen absolutista restaurado por su hermano Fernando VII tras la derrota napoleónica en 1815.

La confrontación entre los partidarios de Isabel (isabelinos) y de Carlos (Carlistas) desembocaría de nuevo en una confrontación armada. La primera guerra civil entre los carlistas y los defensores de Isabel II y de la regente María Cristina de Borbón, tendría lugar entre 1833 y 1840, en la que se conoce como la primera guerra carlista, a la que se sucedieron la segunda (1846-1849) y la tercera guerra carlista (1872-1876).

Tras la Primera Guerra Carlista el gobierno liberal no pudo suprimir los fueros de las Vascongadas y Navarra, ya que el convenio de Vergara (1839) obligaba al estado liberal a respetarlos. Tras la Tercera Guerra Carlista, en 1878 las provincias vasco-navarras concretaron su autonomía a través del llamado Concierto económico, el cual se sustenta en un acuerdo de partes por el que los impuestos son recaudados por las administraciones (gobiernos o diputaciones) de cada uno de los territorios históricos: Navarra; Guipuzkoa; Bizkaia, y Araba, acordando éstos con el Estado la parte que debe recibir como contribución de los servicios que el Estado presta a los territorios forales. Sin embargo, en esta prolongada contienda decimonónica, Cataluña continuaría sin conseguir ningún derecho para gestionar su economía regional.

Al final del siglo XIX, con la emergencia de la clases burguesas industriales en Vascongadas y Cataluña, que fueron las primeras regiones en España que despuntaron en el proceso industrializador, las aspiraciones de autogobierno territorial fueron ganando terreno. En Vascongadas el carlismo fue relegado por la ideología nacionalista liderada por el Partido Nacionalista Vasco (PNV), basada en una concepción del nacionalismo romántico decimonónico imperante entonces en Europa. Sin embargo, Navarra continuaría anclada en una economía rural de autoconsumo que mantendría inmovilizada la tradición carlista hasta mediados del siglo XX en el que Navarra comenzaría su industrialización.

En Cataluña al ritmo de la industrialización la floreciente burguesía abrazaría las reivindicaciones autonómicas y, en consonancia también con la corriente cultural decimonónica europea de buscar en la historia las raíces de la identidad nacional, hizo de la toma de Barcelona el 11 de septiembre de 1714 por las tropas borbónicas, el día de su fiesta nacional (Diada), pues en la conmemoración de esa derrota subyace la reivindicación de una nación que fue oprimida y aspira a ser libre frente al Estado que les privo de sus derechos como nación.

Con el advenimiento de la II República española (1931), las reivindicaciones nacionalistas tanto vascas como catalanas cobrarían un nuevo impulso. La república reconocería la singularidad de los territorios vasco y catalán dotándoles de un estatuto político autonómico. No obstante, el alzamiento militar en 1936 contra la república liderado por el general Franco con el apoyo de las dos potencias fascistas en Europa: Alemania e Italia, daría lugar a una guerra civil que culminaría con el triunfo fascista en 1939, abriéndose un periodo de dictadura militar presidida por el General Franco.

Tras la victoria de las fuerzas franquistas, el País Vasco y Cataluña perderían todo rastro de autonomía como castigo por su posicionamiento a favor de la república. En el caso de Navarra, la cuestión sería diferente. Este territorio en 1936 seguía anclado en un modo de vida casi totalmente rural e ideológicamente la población se mantenía mayoritariamente apegada a la tradición carlista. La promesa por parte del mando franquista de que a Navarra se le respetaría sus fueros y Convenio Económico, y el temor de gran parte de la población de que la república pudiera atentar contra sus tradiciones culturales y religiosas, le llevaría a inclinarse por el bando franquista. Al término de la guerra civil Navarra mantendría sus derechos históricos forales y el Convenio Económico, mientras que las vascongadas por primera vez en siglos los perdería.

La dictadura franquista sobreviviría a los cambios históricos durante cuarenta años. Durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), el franquismo a pesar de su lineamiento con las potencias fascistas del "eje" no participó directamente en la contienda, aunque apoyo de diversas maneras a la Alemania nazi. En 1945 con el triunfo de las fuerzas aliadas frente al fascismo el régimen franquista parecía tener los días contados. Tras la fundación de la ONU este organismo dictó un embargo de bienes y servicios a España, a la vez que se mantenía la amenaza de una invasión de las fuerzas aliadas para derrocar al último y único gobierno fascista existente tras la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial. Los temores por parte de las autoridades franquistas de sufrir una invasión les llevaría a levantar defensas por toda la frontera con Francia y a un aumento de la represión interna con fusilamientos masivos de presos republicanos. La década oscura de los cuarenta fue el periodo más siniestro y todavía muy poco conocido que vivió la España contemporánea.

En los años cincuenta la política mundial cambió. El inicio de la Guerra Fría entre EEUU y la URSS, le llevaría a EEUU a establecer una estrecha asociación con la dictadura franquista. Las autoridades franquistas permitieron la instalación de bases militares estadounidenses en territorio español, a la vez que las presiones internacionales de las democracias liberales occidentales contra el régimen franquista se suavizaron. Los avances económicos en la década de los sesenta le permitieron a España pasar de una economía autárquica y rural a una industrialización progresiva. En ese contexto la oposición al franquismo tanto interna como externamente era muy débil.

La transición del franquismo a la constitución de 1978

Sin embargo, la crisis económica de 1973 desencadenaría un cambio radical de la situación política. La naturaleza estanflacionaria de la crisis traería un frenazo al crecimiento económico y una inflación galopante que llegaría a situarse incluso por encima del 20% anual. El movimiento obrero pareció despertar de su letargo. La huelgas reivindicativas por temas económicos pronto se tradujeron en huelgas políticas en favor de las libertades civiles de asociación, huelga y manifestación, con principal incidencia en Madrid, Cataluña, País Vasco y paradójicamente Navarra cuya base social había experimentado un cambio profundo debido a la industrialización.

Las fuerzas nacionalistas de Cataluña y el País Vasco se sumarían a la lucha antifranquista bajo la bandera de recuperar sus derechos territoriales históricos. En 1975 moriría el dictador franco. Desde ese año hasta 1977 los políticos neofranquistas apostaron por una reforma de la dictadura, pero el movimiento político y popular abortaría tal reforma. En 1977 las principales fuerzas políticas de la oposición franquista llegarían a un consenso para redactar una nueva constitución que sería aprobada en 1978.

El consenso se fundamentó en: 1. la promulgación de una ley de amnistía que liberaba a los presos políticos antifranquistas pero a su vez establecía un punto final para que los crímenes de la dictadura no fueran investigados ni juzgados; 2. la restauración de la dinastía de los Borbones en la jefatura del Estado quedando limitadas sus funciones por la constitución; 3. La promulgación de un nuevo modelo territorial basado en la autonomía de las regiones, en el que el País Vasco recuperaba de nuevo sus derechos forales de Convenio Económico con el Estado, y 4. la legalización de los partidos políticos. La constitución de 1978 a pesar de algunas discrepancias entre las comunidades históricas y el Estado español ha venido siendo el marco de convivencia entre las diferentes comunidades españolas durante casi cuatro décadas.

La crisis del consenso de la constitución de 1978

La crisis económica del 2008 abriría fuertes fisuras en la relación del Estado Español con las dos nacionalidades de mayor raigambre histórica: Cataluña y País Vasco, pero particularmente con Cataluña debido a que, a diferencia del País Vasco y Navarra que disponen de competencias fiscales, Cataluña sigue dependiendo de los presupuestos generales del Estado. La necesidad de disponer de herramientas competenciales fiscales llevaría a una parte de la clase empresarial catalana a reivindicarlas, proponiendo a través del gobierno catalán un cambio en el estatuto catalán que devolviese a Cataluña sus derechos históricos económicos arrebatados por la dinastía borbónica en la guerra de Sucesión, pero el Estado español lejos de abrir una negociación ha venido planteando una lucha frontal contra las pretensiones de los partidos políticos catalanes.

El inmovilismo del derechista partido popular en el gobierno central y la indiferencia de la monarquía borbónica con las reivindicaciones nacionalistas llevaría en los últimos años al gobierno y a la mayoría del parlamento catalán formado por partidos nacionalistas a una deriva hacia el soberanismo.

La masiva movilización el día de la Díada del año 2012 marcaría un antes y un después en el devenir de Cataluña. La crisis económica y la frustración política y social ante un gobierno inmovilista negado a la negociación del estatus catalán, desvelaría, de nuevo, el pensamiento profundo catalán de pueblo sometido durante siglos que, a diferencia del pueblo de origen castellano español que ha forjado su idiosincrasia en base al pasado imperial de España y la visión centralista de sus gobernantes, la del pueblo catalán y vasco mantiene una percepción de pueblos sometidos a un poder central que históricamente los ha maltratado. De manera diferente, el pueblo castellano español, con la excepción del periodo de la ocupación napoleónica, nunca ha tenido la percepción de que la soberanía territorial estuviera en cuestión.

Esta diferente mentalidad forjada a lo largo de la historia se ha manifestado más acentuadamente en forma de confrontación en los momentos históricos en que las crisis económicas han agudizado las contradicciones de intereses con el poder central. La crisis de 1929, crearía las condiciones para que alumbrara la Segunda República y Cataluña fue la última región en rendirse a la fuerzas fascistas del general Franco. En 1973, la crisis económica acentuaría la crisis del franquismo y derivaría en la vigente constitución de 1978, en la misma el País Vasco mantendría una radicalidad mayor que Cataluña en la reivindicación de sus derechos históricos en materia fiscal a través de la figura del Convenio Económico. Cataluña accedió a la autonomía pero sus derechos históricos económicos quedaron relegados.

Sin embargo, ahora, es Cataluña la que ante la negativa del poder central y de la monarquía borbónica de devolverle sus derechos históricos se muestra decidida a forjar un destino como nación soberana dentro del marco de relaciones de la Unión Europea.

Hacia la segunda transición constitucional

En este conflicto entre Cataluña y el Gobierno Central español lo que ya es evidente que la profundidad del mismo ha deslegitimado la constitución de 1978. Los intentos del gobierno del PP de rendir a las fuerzas nacionalistas catalanas a través de un acoso político y mediático sistemático para que vuelvan al marco constitucional, difícilmente van a conseguir que ello ocurra, por muchas apelaciones a la aplicación de la legislación vigente.

La legalidad vigente a dejado de facto el 01/10/2017 fuera de la ley a la mayoría de un pueblo de más de siete millones de personas por el hecho de pretender manifestarse democráticamente y, en esta situación persistir en la solución del contencioso político catalán levantando la legalidad vigente como un arma de guerra, solo puede conseguir que la mayoría del pueblo catalán persista con mayor determinación en su aspiración soberanista y, que por el contrario, en el pueblo castellano español se destapen los sentimientos más anacrónicos de su pasado imperial y centralista, como ya sucedió a finales del siglo XIX cuando Cuba se proclamó independiente, y ahora sufre por las aspiraciones de autodeterminación del pueblo catalán.

La desactivación de esta creciente polarización solamente sería posible a través de un nuevo pacto constitucional diferente al que se alcanzó en 1978 entre el Estado Central y las comunidades históricas.

El nuevo pacto constitucional ya no puede sustentarse en la tradición liberal basada en un centro que otorga derechos o fueros a determinadas comunidades sino que tendría que fundamentarse en un pacto de partes asociadas en una misma nación según las leyes consensuadas entre las comunidades históricas y el Estado Central. El modelo del Reino Unido podría ser un ejemplo inspirador. En el año 2014 Escocia realizó un referéndum de autodeterminación sin que su ejercicio significara necesariamente la independencia, tal y como sucedió por el triunfo mayoritario de los que querían mantenerse en el marco del Reino Unido.

El 01/10/2017, España ha entrado en una segunda transición en la que debiera prevalecer la negociación para alcanzar un consenso entre las fuerzas políticas más importantes del Estado y de las nacionalidades históricas que de paso a una nueva constitución, en la que la unidad de España esté basada en el reconocimiento del derecho a decidir de las nacionalidades históricas.

En el caso de que las fuerzas políticas catalanas tomen el camino de una lucha política continuada basada en la movilización política contra la represión del gobierno del PP, la nueva transición política hacia un nuevo marco constitucional se tornará irreversible.

Por el momento, las instituciones de la UE están claramente del lado del gobierno español, pero con toda probabilidad, si la movilización política de la mayoría del pueblo catalán persevera durante un largo periodo de tiempo, las opiniones en favor de una salida negociada del conflicto catalán-español podrían prosperar, pues la UE no va admitir un conflicto político prolongado dentro de sus fronteras.

En el ámbito español las fuerzas políticas están sumidas en una visión cortoplacista del contencioso de Cataluña circunscrita a los sucesos cotidianos, sin que por el momento hayan incorporado como eje principal de su acción política establecer un nuevo pacto constitucional que permita un nuevo encaje histórico institucional del País Vasco y Cataluña, pero ello también podría cambiar si persiste la movilización política popular en Cataluña. En el caso de que se abordara la refundación constitucional, la cuestión procedimental de como se realiza este proceso es una cuestión fundamental. El procedimiento de la transición del franquismo iniciada con las elecciones de junio de 1977 a la asamblea constituyente que daría lugar a la constitución de 1978, es una referencia del camino a seguir.

Y, mientras no surjan iniciativas políticas en esa dirección, la tendencia centrífuga de las fuerzas políticas periféricas se irá acrecentando.

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